Colombia consideró como "falaces" las afirmaciones de altos cargos del Gobierno de Ecuador sobre "ejecuciones sumarias" en el bombardeo colombiano del pasado marzo contra una base de las FARC en el país del norte.
En una nota de protesta divulgada en Bogotá, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, rechazó que las fuerzas colombianas de seguridad hayan dado muerte con tiros de gracia a algunos de los insurgentes que se hallaban en el campamento rebelde.
Los ministros ecuatorianos de Exteriores, María Isabel Salvador y de Gobierno, Fernando Bustamante, afirmaron el martes en Quito que su Gobierno presume al menos cuatro "ejecuciones sumarias" entre los abatidos en la operación del ejército colombiano el pasado 1 de marzo.
Uno de los ejecutados pudo ser el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien según las autoridades de Ecuador, murió por "golpes contundentes en la cabeza".
Aisalla murió junto al segundo al mando y portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", además de otras 24 personas, entre insurgentes y civiles.
El cadáver del ecuatoriano y el del jefe guerrillero fueron los únicos que las autoridades colombianas rescataron en la base y trasladaron a Bogotá el mismo día de la acción, por la que Ecuador rompió relaciones con Colombia dos días después del bombardeo.
En respuesta a una petición de su colega en Quito, el canciller colombiano envió a Quito la necropsia realizada al cadáver de Aisalla, no sin apuntar en la nota de protesta que el ecuatoriano murió por lesiones de "elementos explosivos y penetrantes que comprometieron severamente el cráneo y las estructuras encefálicas y vísceras toracoabdominales".
"Esto descarta lo informado por las autoridades ecuatorianas", agregó Araújo, y señaló que el Instituto de Medicina Legal sigue de manera estricta el llamado "Protocolo de Minesota", que se emplea en casos en los que se sospecha violación de los derechos humanos, y "no encontró lesiones con patrón que indicara 'ejecución extrajudicial'".
Además, dijo que "en estos casos, en los que el cadáver forma parte de un proceso judicial, se debe encontrar disponible para una eventual verificación por parte de una comisión forense internacional".
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Fuerzas Armadas de su país "honran el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales vigentes", defendió el canciller colombiano, para quien existen "pruebas documentales fílmicas que demuestran cómo se realizó la operación" contra la base rebelde.
Las tropas colombianas prestaron asistencia a dos mujeres heridas, mientras que perdieron a un soldado, aplastado por un árbol que se cayó tras ser impactado por una de las granadas de mortero con las que rebeldes supervivientes atacaron "el helicóptero que tenía como misión la evacuación de los cuerpos", añadió Araújo, quien anunció el envío de esta misma nota a la OEA.
EFE
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